Abogado Penalista en Alicante

Lo primero: no declarar sin abogado. El artículo 520 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal reconoce a toda persona detenida el derecho a guardar silencio, a no declarar contra sí misma, a designar abogado y a ser asistida por él sin demora injustificada, además del derecho a intérprete, a reconocimiento médico forense y a que se comunique la detención a un familiar. El abogado puede entrevistarse reservadamente con la persona detenida antes de que declare ante la policía o el juzgado. La detención preventiva no puede durar más del tiempo estrictamente necesario y, en todo caso, en el plazo máximo de 72 horas debe decretarse la libertad o la puesta a disposición judicial. Si la detención se produce en Alicante, puedes llamar al 649 88 63 63 las 24 horas: acudimos a comisaría desde el primer momento.

Porque el procedimiento penal está lleno de plazos preclusivos: la prueba, el recurso o la nulidad que no se piden en su momento normalmente ya no pueden pedirse después. La dedicación exclusiva permite conocer la jurisprudencia aplicable a cada tipo delictivo y el funcionamiento real de los juzgados de instrucción y de lo penal de Alicante y de la Audiencia Provincial, donde ejercemos desde 1996. En Soler Martín Abogados no llevamos divorcios ni herencias: solo derecho penal y sus derivadas —extranjería, compliance y derecho penitenciario—.

Una reunión, presencial o por videollamada, cubierta por el secreto profesional, que obliga al abogado con independencia de que después nos encargues el caso o no. Escuchamos los hechos, revisamos la documentación disponible —atestado, denuncia, citación o auto— y hacemos un análisis de viabilidad: en qué fase está el procedimiento, qué plazos están corriendo y qué opciones de defensa existen. A partir de ahí planteamos por escrito la estrategia procesal, el alcance de la intervención y el presupuesto.

Dependen de tres factores: la complejidad del procedimiento, la fase en la que se encuentre —instrucción, juicio oral, recurso o ejecución de sentencia— y la carga de trabajo previsible. Se presupuestan siempre por escrito antes de asumir la dirección letrada, detallando qué incluye cada fase para que no aparezcan cargos no previstos. Conviene saber, además, que el propio artículo 520 LECrim reconoce a la persona detenida el derecho a solicitar asistencia jurídica gratuita si cumple los requisitos económicos legalmente establecidos.

Es el punto que más casos complica, y por eso trabajamos ambas materias de forma conjunta. El artículo 57.2 de la Ley Orgánica 4/2000 contempla la expulsión del extranjero condenado por una conducta dolosa que constituya en España delito castigado con pena privativa de libertad superior a un año, salvo que los antecedentes penales hayan sido cancelados. Tratándose de residentes de larga duración, la Administración debe ponderar además el tiempo de residencia en España, los vínculos creados, la edad y las consecuencias para el interesado y su familia. La conclusión práctica es clara: la estrategia penal y la de extranjería no pueden diseñarse por separado.

Sí. La ejecución de la pena tiene su propio recorrido de defensa: clasificación y progresión de grado, permisos de salida, recursos ante el Juez de Vigilancia Penitenciaria y libertad condicional. Con carácter general, el artículo 90 del Código Penal exige para la libertad condicional ordinaria estar clasificado en tercer grado, haber extinguido las tres cuartas partes de la pena impuesta y haber observado buena conducta; a partir de ahí el tribunal valora la personalidad del penado, sus antecedentes, las circunstancias del delito y su conducta durante el cumplimiento. Existen además modalidades adelantadas a las dos terceras partes y, para penados primarios con penas de hasta tres años, a la mitad. Cada caso exige un estudio individual del expediente penitenciario.